El pasado viernes 13 de marzo el Presidente del Gobierno español anunció la declaración del estado de alarma cuyas condiciones fueron concretadas en el Consejo de Ministros, celebrado en el día de ayer, condensado en el Real Decreto 463/2020.

La imagen que el Gobierno quiere dar con la declaración del estado de alarma es la de realizar un confinamiento de los ciudadanos, limitando la libertad de movimiento de las personas como forma de poner freno a la enorme capacidad contagiosa del coronavirus. Sin embargo, ese pretendido confinamiento se muestra falso cuando se lee, negro sobre blanco, el citado Decreto donde, a excepción de determinados sectores, los trabajadores deben acudir a sus centros de trabajo. Así pues, para el Gobierno, por encima de la salud pública está la explotación de los trabajadores.

Aunque puedan parecer descabelladas estas condiciones que determinan el estado de alarma efectuado por el Gobierno, no lo son en absoluto, sino que expresan el interés de clase del Estado, su naturaleza, que no es otra que la de defender los intereses de la burguesía, de los monopolios.

Aunque en sucesivos Consejos de Ministros el Gobierno adoptará medidas conducentes a dar dinero a los empresarios, eximirles de pagar impuestos y facilitar todavía más las reestructuraciones de plantillas, esta declaración del Estado de alarma pone sobre el tapete no sólo el desprecio que el Estado siente por los obreros, a los que en el práctica niega el confinamiento condenándolos al contagio, sino que también pone encima de la mesa las contradicciones irresolubles del capitalismo monopolista de Estado.

El Real Decreto suscrito por el Gobierno unido al marco jurídico del Estado, que contiene la voluntad de la burguesía en forma de leyes, ha determinado la estrategia para que los empresarios traten de salir airosos de esta pandemia. La fórmula es bien sencilla, por un lado despidos masivos lanzando a centenares de miles de trabajadores a la calle por la vía del ERE o suspendiendo temporalmente los contratos de otros tantos miles de trabajadores por la vía del ERTE – que contarán ambos con el apoyo y la firma traidora de CCOO y UGT –, por el otro aliviar temporalmente a los empresarios por la vía de empujar a enfermar a los trabajadores para que, durante el tiempo de baja, sea el Estado el que sostenga económicamente a esos trabajadores, lo que expone la contradicción de querer mostrar el confinamiento de la población cuando en realidad se le obliga a romperlo para acudir al centro de trabajo. Como siempre, gana el burgués y pierde el obrero.

Pero este Real Decreto es la constatación de las contradicciones del capitalismo. Y es que, por un lado, el Gobierno apela al conjunto de la sociedad como sujeto necesario para superar la pandemia, en detrimento de lo que siempre hace, que no es otra cosa que el ensalzamiento del individualismo. Por otro lado, la declaración de estado de alarma contempla las requisas de todo tipo de bienes y la intervención y ocupación de industrias, fábricas, talleres, explotaciones, locales de cualquier naturaleza, etcétera. Es decir, la necesidad de este estado de alarma no es más que el reconocimiento de la superioridad de la socialización, la necesidad de la socialización para solventar los problemas de magnitud, reconociendo implícitamente que lo único efectivo que hay es la socialización de los bienes materiales y los medios de producción y, por tanto, también reconociendo la incapacidad del capitalismo.

Y a la par que se desarrolla el estado de alarma, la descomposición del Estado continúa haciéndose ostensible. Que el Gobierno haya asumido el pleno control, el pleno poder incluso en materias transferidas a las comunidades autónomas como las policías autonómicas – por ejemplo Mossos d’Esquadra o Ertzaintza – o la sanidad, ha hecho que sigan ensanchándose las diferencias y el enfrentamiento entre la Generalitat de Catalunya y el Gobierno. Además, y aprovechando la situación de estremecimiento y conmoción colectiva creada por los medios capitalistas, pretenden ocultar lo inocultable, que es la enorme corrupción del Estado, empezando por su cabeza, por la Jefatura del Estado.

Con un sistema sanitario diezmado por las políticas capitalistas de privatización y de recortes sociales, y a pesar de esta medida, el sistema colapsará a principios de la semana que viene, según señalan los expertos en la materia. Quiere decir que nos encontraremos en una situación como la que se está dando en Italia, donde los médicos determinan en virtud de determinados factores, entre ellos la edad, quién sobrevive y quién no.

Nuevamente el Estado y su Gobierno falsamente denominado de ‘izquierda’ muestran su faz clasista y criminal. Nuevamente el Estado capitalista se muestra como un instrumento al servicio de la burguesía, para servirla y para someter al pueblo a los intereses de los monopolios. Un estado de alarma que sirve para apuntillar a determinados sectores, para apuntillar a la pequeña burguesía mientras se fortalecen a los monopolios y, por supuesto, para robar y explotar más a los trabajadores, a los que no sólo expulsan del mundo del trabajo sino que les recortan libertades.

El capitalismo es un sistema caduco que agoniza, una agonía criminal que niega el futuro y el desarrollo de la humanidad. No sólo ha demostrado su inviabilidad, sino que acredita que únicamente se puede mantener a costa de liquidar al ser humano y a la naturaleza. El imperialismo sólo se puede sostener por la violencia y únicamente puede ofertar más miseria para las masas proletarias, para los campesinos, y más represión, más reacción, más fascismo, y en este escenario también se halla el Estado español. Hoy más que nunca, tanto en el mundo como en el Estado español, adquiere una dimensión mayor la consigna ¡Socialismo o barbarie!