La salud en el capitalismo está subordinada a los beneficios: las mutuas
Este es el caso de las mutuas, empresas privadas que hacen de intermediario con las prestaciones económicas y la asistencia sanitaria, cuya rentabilidad se basa en que los trabajadores estén el menor tiempo posible de baja. Las aportaciones, aunque sean empresariales no dejan de ser rentas del trabajo, por lo que es el trabajador, en definitiva, quien paga porque una empresa le impida, en la medida de lo posible o más allá, cogerse bajas cuando está enfermo.
Así, en el caso de un accidente laboral o enfermedad profesional las mutuas se hacen cargo de los gastos, por tanto, cuanto menos tiempo estemos de baja, menos pruebas nos realicen, menos muertes por enfermedades profesionales existan, más beneficio van a parar a los bolsillos de las mutuas. Estas mutuas no dudan en utilizar cualquier método, hasta los más rastreros como la contratación de detectives privados que espíen a los trabajadores de baja, para evitar pagar estas bajas laborales.
La lucha ideológica ha jugado un papel fundamental, como hace siempre, para que estas empresas se hayan asentado, robando a los trabajadores su dinero y su salud. La batalla la ganó la burguesía en este terreno iniciando una campaña de criminalización contra la clase trabajadora inventando el concepto de “absentismo laboral” de los trabajadores, como justificación para que estas mutuas controlasen dicho absentismo, culpando a estos de fingir bajas para no ir a trabajar.
En esta crisis estamos observando cómo empresas y mutuas ponen por delante los beneficios empresariales a la salud. Trabajadores de Ferrovial han denunciado prácticas contra la salud pública y de sus empleados, no tramitando las bajas por “contacto estrecho” con personas infectadas, obligando a ir al puesto de trabajo a las personas con graves patologías a riesgo del propio trabajador, etc. Empresas como Ayesa AT, a pesar de la recomendación del Ministerio de Salud de realizar teletrabajo, está mandando a los trabajadores a realizar sus funciones al centro de trabajo.
El Tribunal de Cuentas ya detectó malversación y fraude masivo a las arcas públicas en 2006 por parte de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y enfermedades profesionales, afectando a todas las mutuas fiscalizadas (8) que sumaban el 53% de las cuotas y el 51% de los trabajadores protegidos. Según el Tribunal las mutuas podrían estar ocasionando un perjuicio de 8.200 millones de euros a la Seguridad Social.
Estas mutuas no han declarado ni una sola muerte por accidente laboral en todo 2006 (año del estudio), año en que el índice de accidentes mortales en España (1.255) era el doble de la media en la UE. También ocultan las enfermedades profesionales, fuente de 10 veces más mortalidad que los accidentes laborales. La razón es sencilla. Así evitan la obligación legal de pagar una pensión laboral, que es mayor que la pensión normal de la Seguridad Social, a los familiares, viudas o viudos o dependientes del trabajador muerto.
En cambio, según el Grupo de Investigación de Salud Laboral de la Universidad Pompeu y Fabra (UPF), en España mueren 14.000 hombres y más de 2.000 mujeres por enfermedades contraídas en el lugar de trabajo, cada año hay 9.400 personas muertas por cáncer, 3.600 por enfermedades cardiovasculares y 1.700 por enfermedades respiratorias contraídas en el lugar de trabajo y ninguna de estas muertes aparece en los registros de las mutuas. Esta ocultación de datos supone que los costes sanitarios que deberían asumir las mutuas laborales recaigan en la sanidad pública, y que el 14% del presupuesto en salud pública de la Comunidades Autónomas sea para atender estas patologías. La UPF estima que este fraude alcanza los 82.000 millones de euros anuales. Las cifras del último informe del Tribunal de Cuentas se quedan cortas.
Las mutuas no son más que lucrativos negocios para unos pocos burgueses que comercian con la salud de la clase trabajadora. El que era gerente de Mutua Universal, Joan Aicart, superaba los 600.000 euros al año de retribución y recibía hasta 3.000 euros por cada reunión de la junta directiva o del consejo a las que asistía además de otro tipo de dietas. A su sucesor se le limitó a poco más de 200.000 euros anuales, cantidad superada en 2008 por Jorge Serra, gerente de Asepeyo (245.000 euros en 2008) o Fernando Eguidazu, gerente de Fraternidad-Muprespa (240.000 euros). Además de los gerentes, los sueldos de altos cargos sobrepasan habitualmente los 150.000 euros en Fraternidad-Muprespa, Asepeyo o Balear y de más de 100.000 en Ibermutuamur, Fremap o Intercomarcal.
Se observa nítidamente como en el capitalismo comerciar con la salud es un negocio rentable, bien visto, promocionado por la burguesía y permitido por el Estado, a tenor de la Ley 35/2014. El capitalista no duda en obtener pingües beneficios de las enfermedades de los obreros a causa de la explotación a la que le somete y de transferir el capital proveniente de las rentas del trabajo hacia sus arcas privadas a costa de toda la clase trabajadora.
Bajo el capitalismo el obrero no tiene derecho a nada. Ni al trabajo, ni a la vivienda, ni a la salud. Solo tiene derecho a ser explotado, cuando y como diga el burgués, el dueño del medio de producción y por un salario cada vez más mísero. Esta crisis está poniendo de relieve todos los engaños y todas las estafas a la clase trabajadora de un sistema capitalista moribundo y putrefacto.
A los trabajadores no nos queda otra solución que barrer este sistema podrido y construir el nuestro, en base únicamente a nuestros intereses como clase, puesto que somos la mayoría. Construyamos un Frente Único del Pueblo donde los trabajadores y el resto de capas populares (pensionistas, jubilados, estudiantes, parados…) podamos decidir nuestro futuro, el futuro del pueblo, librándonos de todas las sanguijuelas que nos chupan hoy la sangre con leyes injustas. Construyamos el vehículo con el que llegaremos a nuestra máxima aspiración, el Socialismo, donde el pueblo sea un único que dirija su designio.
¡Construyamos el Frente Único del Pueblo!
¡Por el Socialismo!