En pasados artículos, nuestra organización ha hablado sobre la situación de los temporeros en España así como de otros lugares como Francia, considerada el principal granero de la Unión Europea, con una producción agrícola que representa una quinta parte del total de los 27 países integrantes de la misma. Pese al tiempo transcurrido desde dichas publicaciones a día de hoy, las condiciones a las que están expuestos los temporeros no ha mejorado un solo ápice, como vimos en una publicación de elDiario.es, a pesar de que se han duplicado las inspecciones de trabajo en lugares como Navarra, advirtiendo del mayor índice de incumplimiento de la normativa en relación a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), concretamente en un 40%. Y es que la Inspección de Trabajo no es más que otro órgano cuyo objetivo no es otro que el garantizar el ordenamiento jurídico, o lo que es lo mismo, forzar a que se satisfagan los intereses de la burguesía.

En condiciones de semiesclavitud, los patronos muestran perfectamente su faz criminal, no dejando de mirar hacia otro lado cuando se les pide responsabilidad en la protección de sus trabajadores, sin existir ninguna distancia de seguridad entre los temporeros, sin ofrecerles mascarillas para trabajar y sólo un 18% de los patronos les aporta agua y jabón suficientes para la jornada laboral, sin olvidar tampoco las condiciones de habitación de estos. Según Salud Laboral, es bastante negativo el índice respecto a la adopción de medidas de prevención sanitarias en cuanto al COVID-19 se refiere. Con todo ello, la patronal ahorra millones de euros en detrimento de la salud de los trabajadores.

Pero no sólo empeoran las condiciones laborales para los trabajadores del campo, también en la industria cárnica se ha visto malograda la situación para sus trabajadores, la mayoría de ellos inmigrantes. En una investigación del ya citado elDiario.es, se nos habla de constantes accidentes laborales, amenazas a los trabajadores que osen levantar su voz ante la situación de esclavitud en la que viven, o el trato despectivo que reciben por ser extranjeros en los diferentes mataderos del país.

Una de estas víctimas es el marroquí Mohammed Laghmari, de 55 años, que acabó en la calle sin derecho a paro ni indemnización por denunciar públicamente la situación de los inmigrantes en la empresa cárnica Le Porc Gourmet de Osona (Cataluña), perteneciente al Grupo Jorge, uno de los más importantes del sector en el Estado español. Este mismo grupo, así como sus filiales, recibieron sólo en el pasado año más de un millón de euros por subvenciones de la Unión Europea según el informe del Fondo Español de Garantía Agraria. Ya en el año 2019, una inspección de trabajo en esta empresa denunció que esta “atentó contra la dignidad de los trabajadores y sus más elementales derechos laborales y de seguridad social”. La situación no ha cambiado desde entonces.

Entre estas malas condiciones podemos comentar las cicatrices repartidas por el cuerpo a consecuencia de un trabajo en cadena a una alta velocidad y empleando herramientas peligrosas y difíciles de manejar. Uno de los doctores entrevistados en este reportaje de investigación dijo que “atiendo cada semana cortes profundos en la mano, en el antebrazo y contusiones en diferentes partes del cuerpo” (…) “Los trabajadores vienen regularmente con tendinitis crepitantes, muy graves, con agua en los tendones, una lesión que nunca he visto en gente de aquí, sólo entre los trabajadores migrantes de los mataderos.” Tampoco se da una preparación a la hora de emplear productos químicos, lo cual causa lesiones al intentar sedar a los animales con ellos.

La investigación cita a otro trabajador migrante, Kalidou Balde, senegalés de 44 años, que intentó crear una sección sindical en el matadero Mafriges y tras haber sido amenazado si no abandonaba sus intenciones y activismo, bajaron su salario de 1.700 euros a 1.300, sirviendo de escarmiento al resto de sus compañeros: “nadie más ha querido apoyar la idea de sindicarse desde entonces” (…) “A veces parece que trabajemos para la mafia”. El mismo artículo afirma que “prácticamente todos los entrevistados aseguran que fueron amenazados con ser despedidos cuando intentaron montar secciones sindicales en sus empresas o se quejaron de algún abuso”.

Gran parte de estos trabajadores realizan su labor sin ningún contrato, lo cual sirve al patrón para aprovecharse de su desesperación y explotarlo con más ahínco, al no poder denunciar las condiciones infrahumanas en las que están envueltos. Entre los principales abusos contra estos empleados migrantes está el cobrar un salario por debajo del convenio colectivo, teniendo que cobrar mucho menos trabajando muchas más horas. Tampoco tienen derecho a cobrar el finiquito, tomar vacaciones o a la prestación por desempleo. Esta es la situación de entre 15.000 y 20.000 trabajadores migrantes en los mataderos del Estado español, según las fuentes oficiales, aunque posiblemente la cifra sea mayor.

A los marxistas no nos debería sorprender todo esto, ya que en un momento como el presente, con una crisis del sistema capitalista acelerada por la pandemia del COVID-19, la sobreexplotación de la clase obrera y campesina no es más que un reflejo de la contradicción expresada por Karl Marx en su Ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia en el capitalismo. Es decir, mientras que la tasa de ganancia en el capitalismo disminuye, la tasa de explotación aumenta. Y como hemos podido observar de un año a otro, la situación no mejora, sino que tiende a empeorar.

Desde el Partido Comunista Obrero Español (PCOE), como ya hemos ido defendiendo sucesivamente, luchamos por una Reforma Agraria que debe ser antilatifundista y antimonopolista, haciendo hincapié una vez más en la necesidad de salir de la Unión Europea como requisito imprescindible para que esta sea realmente efectiva. Y esto nos lo confirma la investigación ya citada, pues a pesar de las ilegalidades que cometen estas empresas contra sus trabajadores, no han sido óbice para que reciban nuevas subvenciones, a pesar de que según la propia normativa de la Política Agrícola Común (PAC) se debían retirar ante tales fechorías. Una vez más comprobamos que la UE, como organización política a favor de los grandes monopolios de la burguesía, incumple hasta sus propias leyes, por lo que no debemos confiar que la misma vaya a velar por nuestros intereses como clase. De la misma forma que la burguesía se organiza de forma estatal e internacional, la lucha en el campo necesita construir su propio órgano de poder aliándose con los trabajadores y clases populares de la ciudad, de forma que conformen un Frente Único del Pueblo para acabar con la dictadura de la explotación del hombre por el hombre, independientemente de su etnia u origen.

¡Fortalece el Partido Comunista Obrero Español!

¡Trabajadores de todos los pueblos, uníos!

¡Por la Reforma Agraria Antilatifundista y Antimonopolista!

¡Por el Frente Único del Pueblo!

¡Socialismo o barbarie!

COMISIÓN DE MOVIMIENTO OBRERO Y DE MASAS DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (P.C.O.E.)