El PSOE y sus socios de IU convierten la reindustrialización de Asturias en una justificación para expandir la industria militar, poniendo los recursos públicos al servicio de los intereses empresariales y de la estrategia de rearme europea.

El Gobierno del Principado, presidido por Adrián Barbón, continúa avanzando en la implantación de Indra en el antiguo taller de Barros, en Langreo. La operación contempla la compra pública de las instalaciones de Duro Felguera por unos 10,7 millones de euros y su posterior arrendamiento a la empresa durante 25 años. El acuerdo de intenciones firmado el 27 de octubre supone un nuevo paso para materializar este proyecto industrial vinculado a la defensa militar, con sistemas de artillería antiaérea, mando y control y guerra electrónica.

El Gobierno de Barbón presenta esta operación como una oportunidad estratégica para las Cuencas, apelando a la creación de empleo y a la recuperación industrial. Sin embargo, detrás de ese discurso se encuentra una decisión política concreta: movilizar recursos públicos para facilitar la actividad de una empresa privada y vincular el futuro industrial de Langreo a la expansión del negocio militar. La intervención del Estado no transforma automáticamente las relaciones de producción ni garantiza que la riqueza generada quede en manos de quienes la producen.

Pero la responsabilidad no termina en el PSOE. Izquierda Unida ha demostrado un especial empeño en garantizar la llegada de Indra, llegando a proponer una vía de expropiación de los talleres de Barros para asegurar la disponibilidad de las instalaciones. Esta responsabilidad adquiere una dimensión aún mayor porque IU gobierna el Ayuntamiento de Langreo, municipio donde pretende instalarse la fábrica, y sus representantes han defendido el proyecto como una oportunidad industrial. No estamos, por tanto, ante una organización que se limite a tolerar una decisión ajena, sino ante una fuerza política que respalda activamente esta implantación desde distintas instituciones. IU debe explicar qué modelo industrial defiende y qué garantías exige a una empresa que recibe facilidades institucionales.

Esta posición resulta especialmente significativa cuando IU se presenta bajo las banderas de la izquierda, la paz y el antimilitarismo. La contradicción es evidente: ¿Cómo puede defenderse el antimilitarismo mientras se reclama la intervención de las instituciones para facilitar una fábrica dedicada a la producción militar?

Esta misma contradicción se refleja en las declaraciones de Xabel Vegas, portavoz de IU-Convocatoria por Asturies y coordinador de Sumar en Asturias, quien defendió el desarrollo de una industria europea de defensa bajo el argumento de la «autonomía estratégica». La llamada autonomía estratégica no elimina la lógica del rearme: sustituir la dependencia militar de Estados Unidos por el fortalecimiento de la industria militar europea no significa superar la competencia entre potencias capitalistas, sino reforzar la capacidad de otro bloque para participar en ella.

La socialdemocracia pretende compatibilizar un discurso de paz y derechos sociales con el fortalecimiento de la industria militar, presentando el rearme como una necesidad inevitable y una oportunidad económica. De este modo, las necesidades de la clase trabajadora quedan subordinadas a la competencia entre potencias y a los intereses de las empresas armamentísticas. La propiedad estatal de una empresa tampoco convierte automáticamente su actividad en socialista: mientras la producción responda a las relaciones capitalistas y a las prioridades estratégicas del Estado burgués, no estará al servicio de la emancipación de la clase trabajadora.

Las Cuencas conocen demasiado bien las consecuencias de las reconversiones industriales, los cierres y la destrucción de empleo. No podemos aceptar que cualquier inversión empresarial se presente como una solución incuestionable. Las previsiones de contratación de Indra deben traducirse en compromisos verificables de empleo estable, salarios dignos y derechos laborales. Asturias cuenta con una larga tradición metalúrgica y una clase trabajadora cualificada cuya capacidad productiva podría orientarse hacia necesidades civiles y colectivas: transporte ferroviario, infraestructuras, transición energética y equipamientos sanitarios, entre otros sectores.

La cuestión fundamental es quién decide qué se produce, con qué finalidad y en beneficio de quién. La reindustrialización no puede consistir en poner los recursos públicos y las capacidades productivas de nuestra tierra al servicio de los intereses empresariales y militares. Debe responder a las necesidades sociales y garantizar el control efectivo de la clase trabajadora sobre la producción.

La responsabilidad del PSOE y de IU debe examinarse a la luz de sus decisiones concretas. El Gobierno de Barbón impulsa la adquisición de las instalaciones y su arrendamiento a Indra; IU ha reclamado medidas para garantizar la llegada de la empresa y respalda el proyecto desde el Ayuntamiento de Langreo. Sus diferencias políticas no alteran el hecho de que ambos han contribuido a impulsar esta implantación militar.

La clase trabajadora asturiana no necesita que se le presente el rearme como el precio inevitable de recuperar el empleo. Necesita una política industrial que garantice puestos de trabajo dignos, que aproveche las capacidades productivas existentes y que sitúe las necesidades colectivas por encima de los intereses empresariales y militares.

Las Cuencas no necesitan fábricas para alimentar la maquinaria de guerra, sino industria para construir un futuro digno.

¡CONTRA EL REARME IMPERIALISTA!

¡POR UNA INDUSTRIA PARA LA CLASE OBRERA!

¡SOCIALISMO O BARBARIE!

Partido Comunista Obrero Español (PCOE) en Asturias