El gobierno de la Generalitat: Reforma laboral y represión
“Decidir una vez cada cierto número de años qué miembros de la clase dominante han de oprimir y aplastar al pueblo en el parlamento: he aquí la verdadera esencia del parlamentarismo burgués, no sólo en las monarquías constitucionales parlamentarias sino en las repúblicas más democráticas” (Lenin)
Cuando los comunistas del PCOC defendemos que, bajo el ruido ensordecedor del nacionalismo burgués, se esconde sistemáticamente la ofensiva de los Gobiernos capitalistas frente a la clase trabajadora y clases populares, no exageramos nada. Basta ver como el Gobierno de la Generalitat está haciendo de Cataluña un eficiente laboratorio antiobrero en plena crisis capitalista, aprovechando el contexto de una nueva pugna interburguesa en el seno del Estado español para posicionar Cataluña a la vanguardia en recortes laborales y sociales. La situación de millones de trabajadores sobreexplotados y parados, jubilados con pensiones de miseria y ahorros expoliados, autónomos arruinados o jóvenes sin más salida que la precariedad o la emigración, representa la realidad cotidiana del régimen capitalista, donde las políticas del señor Mas –como las de Rajoy en el resto del Estado-, no representan otra cosa que la fiel réplica de las órdenes emanadas de la troika imperialista europea.
Mientras esta realidad se profundiza día a día, buena parte de los altavoces de la ideología dominante nos asegura que lo más importante es “el derecho a decidir” e incluso la “declaración unilateral de independencia”, tal y como si así se iniciara el fin de nuestras desgracias. Maniobra verdaderamente alienante cuando nuestra sacrosanta “elección” quedaría limitada a escoger un nuevo Estado capitalista o permanecer en este mismo Estado capitalista, y siempre y en cualquier caso manteniéndonos en esta prisión de pueblos denominada UE. La raíz misma de nuestra situación aberrante como clase dominada –las relaciones de producción capitalistas-, ni siquiera se “consulta”. Justamente cuando millones de trabajadores constatan como nada se puede decidir ni elegir en nuestros centros de trabajo o barrios, cuando se imponen bajadas de salarios, pensiones o prestaciones, liquidación de becas, multiplicación de ERE, cuando nos cierran ambulatorios y escuelas, nos desahucian, nos suben los impuestos, la luz, el agua, el gas, el transporte, cuando en definitiva nos empobrecen, al tiempo que se enriquece una exigua minoría de oligarcas. Sobre estas cuestiones, que afectan nuestra vida y la de nuestros hijos, lejos de consultarlas, nos las imponen con mano de hierro. He aquí de toda democracia burguesa: «¿quiere usted ser un esclavo asalariado catalán o español?»
No es fruto de la casualidad, que el Gobierno catalán vaya a la vanguardia en privatizaciones de los sistemas públicos de salud o educación o en el apoyo a cualquier ataque al conjunto de la clase trabajadora, desde los Pactos de la Moncloa hasta llegar a la última reforma laboral. Aquí tenemos la flor y nata de los “capitanes de industria” que tanto entusiasman al Presidente. Con todo, cuando retiramos la basura nacionalista que escampan unos y otros sectores burgueses, podemos ver con claridad como las diferencias entre los Gobiernos de Madrid y Barcelona, y entre estos y la Comisión Europea, el BCE o el FMI, son esencialmente inexistentes. Simples matices de colores en sus banderas, tal y como sucede con el azul corporativo de Caixabank o el rojo de BSCH. Gobiernos burgueses al servicio fiel de los monopolios financieros e industriales, lacayos políticos encargados de gestionar y defender a ultranza un modo de producción putrefacto, con la única finalidad de seguir engordando el capital de sus amos, profundizando el empobrecimiento del conjunto del pueblo trabajador.
Es bajo este contexto general donde podemos encontrar noticias concretas que no hacen otra cosa que poner de manifiesto lo hasta aquí expuesto. Así, de forma sibilina, nos enteramos que el Gobierno de la Generalitat volverá a “abrir camino”, en este caso en lo que respecta a la aplicación de esta última reforma laboral infame que, a pesar de provenir de “Madrid” –y de la UE-, hace las delicias de CiU o ERC. Concretamente, a principios de este mes de abril, entrará en vigor la privatización del SOC (SEPE), mediante una primera licitación de 1,9 millones de euros de la Generalitat a fin que ETTs y demás traficantes de carne obrera puedan colocar parados cobrando una jugosa comisión –dinero público-, por pieza colocada. El Gobierno convergente pagará 40 euros fijos a la patronal privada de ETT (ACACER) por cada parado “atendido”, más 600 euros si el trabajador encuentra faena, aunque ésta no supere los 6 meses. Y para redondear la jugada, de cerca de 1 millón de parados en Cataluña sólo 10.000 gozaran del “privilegio” de ser traspasados del SOC a las ETT, casualmente serán los que Gobierno y patronal consideran “empleables”: trabajadores que lleven 6 meses en el desempleo y que no necesiten formación. Otro negocio redondo para la patronal puesto en bandeja por su fiel Gobierno.
He aquí un Gobierno burgués en todo su esplendor, señalando el camino a sus pares del Gobierno español: «¡desarrollen en toda su extensión la reforma laboral, panda de vagos!» En un país donde parece que no hay dinero para hospitales, escuelas, dependencia, pensiones, prestaciones y un largo etcétera, resulta que se encuentran cerca de 2 millones de euros destinados a engordar las cuentas de la patronal ACACER, en un suculento negocio para ambas partes. Al tiempo que la Generalitat podrá presumir de reducir el desempleo –aún de forma miserable y temporal-, la patronal se asegura beneficios con cuotas fijas (40) y variables (600), obligando al SOC a ceder parados “empleables” a estos traficantes de fuerza de trabajo ajena. Un gran negocio a costa del capital público y de la privatización de instituciones públicas, puestas al completo servicio de patronales privadas a las que se le abren las puertas no sólo para iniciar el desmantelamiento del SOC como tal, sino para obtener unos beneficios extraordinarios por el simple hecho de atender y ubicar durante 6 meses a trabajadores plenamente formados. Esto sí es “asegurar el tiro”: 2 millones licitados que podrían llegar a los 7 en caso de cumplirse la recolocación de los 10.000 “elegidos”.
Estos gestores políticos de la burguesía, fervientes defensores del esclavismo asalariado y del gran bazar de carne obrera, son los que nos hablan de “democracia y libertad” –burguesa, claro-, del “derecho a decidir”, los mismos que mantienen su bota sobre la cabeza de la clase trabajadora. Será por eso que quieren un “marco laboral propio para Cataluña” y un nuevo Estado capitalista; quizá porque piensan que en Madrid se va “demasiado lento”. Aún resulta más vergonzoso ver cómo, mientras los salarios se desploman y las condiciones laborales son voladas por los aires y el paro continua en cifras aberrantes, las fuerzas oportunistas –políticas y sindicales- sólo aciertan a mendigar más pactos infames con estos traficantes de trabajadores, poniendo de manifiesto que su putrefacción corre paralela al modo de producción que defienden. De hecho, por estas fechas, una de las centrales sindicales del régimen –UGT Cataluña-, acaba de aplicar un ERE para toda su plantilla en base, ¡precisamente!, a la reforma laboral. Es la Cataluña de 2014, donde como en el resto del Estado, los “sindicatos” capitalistas como UGT o CCOO son y actúan como patronales –como cualquier empresa capitalista-, donde a cada crisis se incrementa la explotación obrera y los beneficios del gran capital, donde la corrupción de la superstructura burguesa pudre hasta el último rincón de sus instituciones, donde la represión de las fuerzas obreras y populares no cesa ni un instante; no en vano, también en esta materia, Cataluña va en vanguardia de la mano del señor Espadaler y sus mossos d´esquadra.
Concretamente en estos días, 19 catalanes están siendo juzgados en el antiguo TOP –hoy AN-, por “un delito contra las instituciones del Estado”, por “atentado contra la autoridad” y “asociación ilícita”. Los hechos se remontan a 2011, cuando decenas de catalanes intentaron obstaculizar la entrada de los diputados catalanes al Parlament, justo en el momento en que se disponían a legalizar las políticas criminales de la troika. La casta política de la burguesía sufrió gritos e insultos, y por lo que parce por sus patéticas declaraciones en sede judicial, “temieron por su seguridad” y se sintieron “intimidados por actitudes violentas”. ¡Pobrecitos!. De hecho, aquel vergonzoso pleno parlamentario comenzó con retraso y con sólo 70 de los 135 diputados presentes. Y aún peor, el “muy honorable” Artur Mas tuvo que entrar vía helicóptero. Una imagen suficientemente fea para esta Cataluña burguesa, “moderna y civilizada”, para esta “marca Barcelona” que tratan de vender constantemente estos lacayos de la burguesía.
Pues bien, por gritar e insultar a unos individuos que acudían al Parlament a certificar la violencia más descarnada contra el pueblo trabajador, la justicia burguesa pide para cada uno de los encausados hasta 9 años de prisión y una multa de 8.000 euros. En Cataluña se puede protestar porque “Madrid nos roba”, se pueden hacer manifestaciones para reclamar reformitas cosméticas en medio de batucadas con preaviso oportuno e incluso montar cadenas humanas de norte a sur del país. Pero como en el resto del Estado, cuando el pueblo trabajador se sale del guión y toca la espina dorsal del régimen, cuando se pasa de la inofensiva “protesta festiva” a la rabia popular, cuando en vez de entregar dócilmente ILPs se señala al Parlament como institución antidemocrática, el régimen muestra sin tapujos su verdadera cara. En este maravilloso país se pueden robar decenas de millones de euros, se pueden cobrar mordidas millonarias por deslocalizar industrias, se pueden evadir impuestos, dejar familias enteras en la calle o apalear estudiantes y trabajadores impunemente, se puede en definitiva cometer todo tipo de delitos penales; basta con ser un buen burgués o defender los intereses de la clase dominante para ni ver en fotografías prisión alguna. Porque la justicia, en este capitalismo caduco, también es clasista. Por eso Millet, Pujol Ferrusola, los grandes gánsteres financieros o la infinidad de mossos procesados nunca son condenados – o si lo son, acaban indultados-, por eso los que dicen basta –aún de forma instintiva, espontánea y desorganizada y con simples gritos- permanecen presos en la AN.
Aquí, lejos de molestar que esta opereta propia de la dictadura de clase que sufrimos los trabajadores se haga “en Madrid”, y que este juicio defienda al Parlament catalán como “institución del Estado español”, la casta política catalana no ahorra esfuerzos a la hora de legitimar esta farsa y declarar en contra de estos catalanes que tan “nerviosos” les pusieron. ¡Quizá hasta les acusen de antipatriotas!. Deberían saber los “honorables” servidores del régimen –desde nacionalistas de todos los colores, hasta los oportunistas de todo pelaje y condición-, que a lo largo de la historia, nunca son los oprimidos los que eligen la forma de lucha, sino los opresores los que la imponen. Este capitalismo senil, extiende explotación, paro y miseria sobre las mayorías productivas, desahucia empobrece y provoca suicidios, mientras reprime con dureza cualquier respuesta popular. Este es un régimen violento que sólo con la violencia puede aguantarse, por eso gritar e insultar a 70 violentos encorbatados –protegidos por decenas de uniformados violentos-, puede suponer 9 años de prisión para los 19 encausados en esta nueva farsa bochornosa.
El PCOC hace un llamamiento a la clase trabajadora y clases populares a fin de construir nuestros propios órganos de poder popular, nuestra democracia forjada en los centros de trabajo y barrios. Un llamamiento a reconstruir el movimiento obrero y popular entrono a la organización y extensión del Frente Único del Pueblo como movimiento sociopolítico capaz de enfrentarse a la raíz misma de nuestras desgracias: el modo de producción capitalista y su Estado represor. Sólo organizando la revolución socialista, podremos acabar con esta oligarquía financiera parasitaria engordada a costa de la propiedad privada de los medios de producción y el trabajo ajeno, sólo con el fortalecimiento del FUP podremos finiquitar a esta casta política al servicio del gran capital y sus putrefactas instituciones burguesas. Sólo así será posible liquidar el parlamentarismo burgués que nos impone reformas laborales esclavistas, que legaliza las políticas criminales de la troika y que aún así nos anima a “votar” como si fuéramos estúpidos. Sólo así será posible que Cataluña, en pie de igualdad, pueda ejercer su derecho a la autodeterminación.
¡Contra el esclavismo asalariado!
¡Por la absolución inmediata de los encausados!
¡Construyamos FUP, construyamos socialismo!
Comitè Nacional Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC)