La privatización de la educación y la sanidad no constituye únicamente un cambio en la forma de gestionar determinados servicios. Para los comunistas supone trasladar necesidades sociales fundamentales al terreno de la rentabilidad privada como vamos a demostrar. Allí donde la educación y la sanidad son concebidas como derechos universales, el acceso debe depender de las necesidades de las personas y no de su capacidad individual de pago. Cuando, por el contrario, se introducen relaciones mercantiles y criterios de beneficio, las diferencias de renta tienden a convertirse también en diferencias en las posibilidades de formación, prevención, tratamiento y cuidado.

La cuestión de la igualdad adquiere así una dimensión material. No basta con proclamar formalmente que todas las personas poseen los mismos derechos, como nos machaca en el Estado español la burguesía y su Constitución en su Artículo 14. Este espejismo se cae cuando las condiciones económicas determinan quién puede acceder a una educación de calidad, quién puede recibir determinados tratamientos o quién debe renunciar a ellos por razones económicas. Educación y sanidad forman parte de las condiciones necesarias para reproducir la vida social y, por tanto, deben dejar de estar subordinadas a la acumulación de capital.

Esta lógica permite analizar también la relación entre trabajo y vida. Bajo el capitalismo, la fuerza de trabajo se convierte en una mercancía que el trabajador vende a cambio de un salario. El capitalista compra esa capacidad de trabajar, lo enajena y lo corrompe, y obtiene del proceso productivo un valor que excede por mucho del equivalente necesario para reproducir la fuerza de trabajo, la plusvalía. De este modo, el trabajo vivo, que es la actividad concreta de los productores, que son la clase obrera, queda incorporado a un proceso cuya propiedad y dirección pertenecen al capital. Mediante el estudio de la esclavitud asalariada queda al descubierto esta interdependencia económica, donde el trabajador es jurídicamente libre, pero necesita vender su fuerza de trabajo para acceder a los medios necesarios para su subsistencia.

En este escenario, la esperanza de vida debe plantearse en términos de qué lugar ocupa la vida humana dentro del proceso productivo. Si la organización económica, social y política mide el tiempo humano por su utilidad para producir beneficios, existe el riesgo de reducir al individuo a su condición de fuerza de trabajo, que es a lo que el capitalismo condena a la clase obrera, y por cuyo motivo se dedica a blindar los retrocesos en derechos básicos mediante atentados que reducen y precarizan la esperanza de vida de los que todo producimos, la clase obrera. Su antídoto se llama Revolución Socialista, que es una sociedad organizada alrededor de las necesidades humanas que persigue, por el contrario, que la salud, el descanso, la educación y la formación personal no queden subordinados a la capacidad productiva de cada persona y alcanzan así la verdadera categoría de derechos universales.

Frente a la apropiación privada de los resultados del trabajo social, la alternativa que plantea el PCOE es clara, diáfana y sencilla, la socialización de los principales medios de producción en su primera fase. El objetivo es que quienes producen colectivamente sean también quienes, mediante formas de propiedad y control social de la producción, determinen el destino del excedente generado. Esto implica transformar la relación entre productores y medios de producción para que el producto social no sea apropiado privadamente por una clase propietaria, explotadora y parásita, la burguesía, sino que esa producción esté destinada a satisfacer las necesidades colectivas y a desarrollar las capacidades humanas y materiales de la sociedad.

Esta transformación no se concibe como un simple cambio administrativo, ni obviando la resistencia armada que los explotadores imponen sin excepción. En esta tesitura, la lucha económica salta a una lucha política por el poder. La dictadura del proletariado se convierte así en la forma transitoria de gobierno que ocupa el período de transición en el que el poder político pasa a estar en manos de la clase obrera y en el que se desmantela el poder económico y político de la burguesía, para avanzar hacia la socialización de los medios de producción y la transformación progresiva de las relaciones de clase que han hecho posible la apropiación privada del trabajo social.

En este proceso, el PCOE es concebido como instrumento político organizado de la clase obrera, un partido político destinado a elaborar una estrategia revolucionaria, y organizar a los estudiantes, obreros y campesinos hacia la transformación de las relaciones políticas, económicas y sociales. La Revolución Socialista no consiste únicamente en sustituir a quienes administran una institución por otros como quiere vendernos la falsa izquierda revisionista y traidora, sino en transformar de raíz las relaciones de propiedad y las condiciones materiales que reproducen la división de la sociedad en clases.

Nuestro horizonte consiste en una sociedad en la que los medios fundamentales de producción pertenecen al conjunto de los productores asociados y en la que el desarrollo de la riqueza social deja de estar subordinado a los intereses y la apropiación privada del trabajo ajeno por una banda de mafiosos, explotadores y chupasangres. La emancipación del trabajo, la única forma posible de garantizar los derechos básicos a nivel de toda la humanidad, exige que la producción esté organizada conscientemente para satisfacer necesidades humanas y el desarrollo de las capacidades de quienes forman la sociedad, y no para reproducir y ampliar el capital. La clase obrera debe tener claro que sus conquistas llegarán por métodos revolucionarios y por la organización de su clase social dentro del partido de vanguardia y que en el Estado español se llama PCOE.

¡Por la defensa de los derechos universales!

¡Por la emancipación del trabajo!

¡Por la Revolución Socialista!

Comisión de Agitación y Propaganda del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)