El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años con el 50% de discapacidad reconocida y que fue expulsada de la vivienda en la que había vivido durante 71 años, ha vuelto a colocar ante los ojos de toda la sociedad una contradicción fundamental. Por un lado, la Constitución proclama el derecho a una vivienda digna mientras que la vivienda continúa sometida a relaciones de propiedad y rentabilidad que termina imponiéndose sobre las necesidades concretas de quienes la habitan. No resultan entonces extrañas las manifestaciones de la secretaria de Estado de Vivienda, sobre el desahucio de Maricarmen: «Hemos intentado muchas cosas, pero es víctima de una empresa depredadora».

El caso de Maricarmen no aparece aislado. En L’Hospitalet de Llobregat, Olga, de 54 años, fue desahuciada el 15 de abril de 2026 y se suicidó el 7 de septiembre. Las organizaciones vecinales y sindicales han señalado el desahucio y la pérdida de vivienda como elementos centrales de un deterioro que ya había estado acompañado de problemas económicos y de salud mental.

Los dos casos permiten observar una contradicción inscrita en el propio ordenamiento constitucional. El artículo 47 establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y ordena a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo, incluyendo la regulación del suelo para impedir la especulación. Pero el artículo 38 reconoce la libertad de empresa dentro del marco de la economía de mercado y establece que los poderes públicos deben garantizar y proteger su ejercicio. Esta coexistencia no es accidental. El Estado constitucional reconoce derechos sociales que son papel mojado, pero al mismo tiempo protege y blinda jurídicamente las relaciones de propiedad privada, la especulación y la libertad de empresa, que es la libertad de acción del capital sobre los seres humanos y que ya vemos en lo que termina para estas dos mujeres que no son un caso aislado.

Como denunciaba Lenin, “El estado y la revolución” (1917), el Estado no actúa como una institución situada por encima de las clases sociales, sino dentro de una sociedad estructurada por relaciones de clase. Esta se convierte en la principal característica del Estado burgués, cuya función no es otra que crear un marco jurídico y económico, regado de dinero público, para la protección de la apropiación privada por parte del capital sobre los seres humanos.

Los comunistas del PCOE tenemos claro que, mientras no conquistemos el poder, cuando existan conflictos entre el derecho constitucional a la vivienda, los procedimientos de desahucio y los intereses patrimoniales de propietarios, entidades financieras y fondos de buitres, el estado burgués siempre se decantará por ellos. En el caso de Olga, por ejemplo, las organizaciones sociales denunciaron que una cadena de decisiones institucionales no consiguió ofrecer una alternativa habitacional suficiente antes del lanzamiento y en el caso de Maricarmen no han dudado en desplegar las fuerzas represivas para defender los intereses de los fondos buitres. El Ayuntamiento, por su parte, sostiene que sus servicios sociales habían intervenido desde años atrás pero que se habían visto frenados por las leyes que ellos mismos habían legislado.

Ahí aparece la cuestión política fundamental de qué ocurre cuando una necesidad humana básica, como disponer de un hogar, entra en contradicción con una relación económica basada en la propiedad y la rentabilidad. Como ya dijimos, por un lado, el artículo 47 establece el mandato de impedir la especulación, mientras que el artículo 38 protege la economía de mercado. La cuestión de la vivienda se convierte así también en una cuestión sobre los límites y las prioridades del modelo económico que claramente se decanta por una de las partes, la propiedad privada capitalista.

Los casos de Maricarmen y Olga permiten, por tanto, analizar la vivienda no solamente como un problema individual, sino como un conflicto social en el que intervienen propietarios, inquilinos, entidades financieras, fondos buitres, administraciones públicas, jueces y organizaciones sociales. La respuesta política en este conflicto deja a las claras la posición del Estado burgués, que no es otra que la defensa de los intereses de su clase social a favor de la propiedad privada, la violencia del mercado y los fondos buitres y, al ser una cuestión de clase, deja a las claras que los comunistas necesitamos un nuevo Estado y no un nuevo gobierno dentro de la democracia burguesa.

La indignación es un punto de partida que pone al descubierto, para amplias capas de la clase obrera que todavía operan sin conciencia de clase, la violencia organizada de la burguesía y sus estamentos armados y legislativos que muchas veces queda latente. Los casos de Maricarmen y Olga le sirven al PCOE para estudiar esta contradicción entre los intereses del capital y la supervivencia de los seres humanos y proclama que su único antídoto es la creación de un Estado obrero que cristalice en la dictadura del proletariado, la forma más radical de democracia al ser el gobierno de la inmensa mayoría de los explotados sobre la minoría parásita y asesina. El PCOE transforma el sufrimiento individual en análisis colectivo, identifica las estructuras económicas e institucionales que vulneran a nuestros hermanos de clase y plantea las formas de organización políticas que pueden garantizar efectivamente el acceso a la vivienda y que no es otra que la organización de los vulnerados y explotados dentro de su partido de vanguardia.

¡Maricarmen no es un caso aislado!

¡Hoy la vivienda es el frente!

¡Techo, memoria y justicia social!

Comisión de Agitación y Propaganda del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)